La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en el marco de la Operación Poseidón, ejecuta aseguramientos e incautaciones sobre 13 bienes inmuebles, muebles y productos financieros del ex comisionado general de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía Velásquez.
Se trata de una residencia en el barrio La Granja de Comayagüela, un terreno en la aldea El Hatillo de Tegucigalpa, cuatro vehículos, seis cuentas bancarias y la cantidad de 7.3 millones de lempiras (L. 7,031,078.63) que son aportaciones que el titular de derechos tiene en la cooperativa COMPACAL ubicada en San Pedro Sula.
Conforme a lo recabado en este caso, el ex oficial investigado, de 2015 al 2019, mostró un incremento patrimonial injustificado por un monto supieror a los 12 millones de lempiras (L.12,103,846.58), razón por la que el Ministerio Público promovió la acción de privación de dominio de bienes de origen ilícito.
La UF-ADPOL sustentará durante el juicio que el comportamiento financiero del ex comisionado general de policía presentó ingresos no compatibles con la fuente de origen identificada, consecuentemente, de obtenerse una sentencia, se pretende recuperar a favor del Estado los valores que resulten de la subasta de los referidos activos.
Por otra parte, en Poseidón, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la ATIC documentan un caso en la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en relación a la denuncia 009-2015 donde con el proyecto MITIGAR se suscribieron varios proyectos, entre ellos la construcción de puentes en el río Lempa en Ocotepeque, río Blanco en Palma Real, San Luis, Santa Bárbara y uno tipo hamaca peatonal en Apacilagua, Choluteca.
Dichas obras fueron ejecutadas entre los años 2010-2016 con fondos de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la investigación está orientada a determinar una presunta sobrevaloración en los costos y problemas de diseño, calidad e infraestructura.
Además, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) interpuso dos requerimientos fiscales por 21 supuestos delitos en la administración anterior del Registro Nacional de las Personas (RNP) en el departamento de Olancho, al tiempo que en la zona norte se tiene previsto efectuar inspecciones y decomiso de documentos en dos alcaldías por abuso de autoridad.
Durante la Operación Poseidón, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejerce acciones por crímenes en perjuicio de miembros de la diversidad sexual y transportistas o en casos en las que las ejecutorias racaen en estructuras criminales organizadas.
Entretanto, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural investiga en la empresa LACHANSA un posible delito de explotación ilegal de los recursos naturales (material pétreo metálica y no metálica) en perjuicio de la comunidad indígena tolupán de San Francisco de Locomapa, Yoro.
De su lado, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) acusó a una agente penitenciaria por presunto abuso de autoridad a una operadora de justicia.
